Desde hace ya tiempo —y con especial intensidad en los últimos meses— se ha ido abriendo un debate necesario sobre cómo se está aplicando la educación afectivo-sexual en nuestras escuelas. Y conviene dejarlo claro desde el principio: no es un debate ideológico, es un debate sobre derechos, límites y respeto.
La educación es uno de los pilares fundamentales de una sociedad democrática y, precisamente por eso, debe garantizar el desarrollo integral de la persona en el respeto a los derechos y libertades fundamentales. Entre ellos, uno esencial recogido en el artículo 27.3 de la Constitución Española: el derecho de los padres a decidir la formación moral de sus hijos de acuerdo con sus propias convicciones. Ese es el núcleo del debate.
En los últimos años, en Cataluña, se han ido introduciendo contenidos de educación afectiva y sexual de forma transversal en todas las etapas educativas, desde la educación infantil, pasando por primaria, hasta la ESO, a menudo a través de programas como Coeduca’t y mediante talleres impartidos por entidades externas. Esto implica que, en muchos centros, desde edades muy tempranas, los alumnos trabajan no solo el conocimiento del cuerpo o las emociones, sino también aspectos como la identidad, el deseo o determinadas formas de entender la sexualidad, entrando en una esfera especialmente íntima.
Pero hay algo que rara vez se explica con claridad: qué enfoque se está aplicando y quién lo está introduciendo en las aulas. En muchos casos no son los docentes, sino entidades externas —asociaciones, cooperativas o consultoras educativas— formadas por sexólogos, educadores sociales, psicólogos o especialistas en género. Profesionales que trabajan desde marcos concretos como la perspectiva de género, ciertos enfoques dentro del feminismo o la educación sexual integral, y que aplican una visión determinada sobre la sexualidad, las relaciones y la identidad.
No estamos, por tanto, ante una simple transmisión de conocimientos biológicos. Estamos ante la introducción de un enfoque que incorpora conceptos como la construcción social del género, la diversidad de identidades o la vivencia del deseo, y que se transmite mediante metodologías participativas y vivenciales que abordan dimensiones personales y emocionales del alumno. Dicho de forma clara: no es solo educación, es también una determinada forma de interpretar la realidad.
Y conviene subrayarlo: estamos de acuerdo en que la escuela aborde estos contenidos desde una perspectiva biológica y científica. Eso, de hecho, ya se viene haciendo desde hace años. Lo que se ha producido no es cubrir una carencia, sino una ampliación, y esa ampliación no es neutra. Responde a una determinada manera de entender la educación y, en el fondo, a una voluntad de influir en cómo las nuevas generaciones interpretan cuestiones esenciales.
Es, en gran medida, un cambio de relato. Y, en el fondo, una batalla cultural sobre qué valores, qué referentes y qué visión de la persona se trasladan a nuestros hijos. Y en una sociedad plural, esa batalla no puede resolverse imponiendo una única visión desde la escuela, sino respetando la diversidad de las familias y el marco constitucional que garantiza ese pluralismo.
A ello se suma un problema evidente: la falta de transparencia. En demasiados casos, las familias no reciben información clara y detallada sobre qué se explica, cómo se hace o quién lo imparte. Y eso, cuando hablamos de menores y de ámbitos tan íntimos, no es aceptable.
Conviene recordar algo muy sencillo. Nuestros abuelos no hablaban de estos temas. Nuestros padres lo hacían con prudencia. Nuestra generación ha dado un paso adelante y habla con naturalidad y responsabilidad con sus hijos. Y ahora parece que es el Estado quien quiere ocupar ese espacio, cuando en realidad los hijos no son del Estado, sino que hay ámbitos que pertenecen a la familia y en los que educar también implica decidir cuándo, cómo y desde qué valores se transmiten cuestiones tan íntimas.
Por eso lo decimos con claridad: no estamos en contra de la educación afectivo-sexual. Estamos en contra de que se imponga una única manera de entenderla. Porque educar no es adoctrinar, no es sustituir a las familias, sino acompañar, formar y respetar.
Por todo ello, en el pleno del mes de abril presentamos una moción en la que reclamábamos medidas concretas a la Generalitat —como administración competente en materia educativa— para adaptar los contenidos a la edad, garantizar la transparencia y respetar el papel de las familias. No fue apoyada. Y hay un hecho significativo: Junts votó en contra, alineándose una vez más con los postulados de la izquierda en un tema tan sensible como la educación. Una decisión que consolida un modelo cada vez más alejado de muchas familias.
Nuestro objetivo es claro: poner en el centro a las familias, proteger a los menores y garantizar una educación con rigor y sentido común, libre de imposiciones ideológicas.
Estrella Salanova és regidora del PP
