Hace un par de semanas tuve la oportunidad de leer con atención la entrevista que el Cugatenc hizo a Carme Roca, Presidenta de la Coordinadora de AFA’s de Sant Cugat, donde sostiene que ante la bajada de natalidad no debería cerrarse ningún grupo de la escuela pública y que el ajuste debe hacerse reduciendo plazas de la concertada.
Entiendo la preocupación. La bajada demográfica es un reto real y obliga a tomar decisiones responsables. Pero no comparto ni el diagnóstico ni la solución.
El problema de la educación en Sant Cugat no es la existencia de la concertada. El problema es la falta de planificación estructural y la insuficiente inversión educativa acumulada durante años por parte del Govern de la Generalitat. Es mucho más cómodo señalar a un modelo que asumir responsabilidades presupuestarias.
En Cataluña, aproximadamente el 30% del alumnado estudia en centros concertados. En Sant Cugat ese porcentaje es incluso mayor. Estamos hablando de miles de familias de nuestra ciudad que han elegido libremente un proyecto educativo concreto para sus hijos. No son una anomalía del sistema. Son parte esencial del sistema educativo.
Además, conviene hablar con datos. El coste público por alumno en la escuela concertada es entre un 30% y un 40% inferior al de la escuela pública. Y, sin embargo, los resultados académicos no son peores. En los informes internacionales como PISA, las diferencias brutas entre alumnado de pública y concertada en España han oscilado entre 25 y 35 puntos. Cuando esos resultados se ajustan por nivel socioeconómico y cultural, la diferencia se reduce a márgenes mínimos. Es decir, no estamos ante un modelo que perjudique el sistema ni genere fracaso estructural. Estamos ante un modelo que funciona y que lo hace con menos recursos públicos por plaza.
Los propios datos del último barómetro del Centre d’Estudis d’Opinió sitúan a la escuela concertada como uno de los servicios públicos mejor valorados por la ciudadanía catalana. Ignorar esta realidad social no es valentía política. Es desconexión.
También se ha afirmado que la educación es un derecho, pero no el tipo de educación. Discrepo profundamente. El derecho a la educación no consiste únicamente en garantizar una plaza escolar asignada por la administración. Incluye la libertad de enseñanza y el derecho de los padres a elegir el proyecto educativo conforme a sus convicciones. Si el tipo de educación fuera irrelevante, no existiría pluralidad de modelos ni estaría reconocida la concertada en nuestro marco legal. Reducir el derecho a una prestación uniforme es eliminar su dimensión de libertad.
Tampoco comparto que se utilice el término segregación para referirse a la educación diferenciada por sexos. Segregar es excluir. La educación diferenciada es legal en España, está regulada, cumple el currículo oficial y ha sido avalada por los tribunales. Podemos debatir modelos pedagógicos, pero no deslegitimarlos con etiquetas imprecisas.
¿Existen problemas en la escuela pública? Sí. Hay centros con déficits de mantenimiento, con infraestructuras envejecidas y con inversiones pendientes desde hace años. Hay necesidades estructurales que no pueden seguir aplazándose. Eso es responsabilidad directa de la administración competente. Desde el Partido Popular de Sant Cugat lo hemos denunciado y exigimos más compromiso presupuestario por parte de la Generalitat. Porque la escuela pública merece recursos, planificación y estabilidad.
Pero la falta de inversión pública no se corrige debilitando a la concertada. Se corrige invirtiendo más en la pública. Fortalecer la escuela pública no exige enfrentarla con otros modelos educativos que también forman parte del sistema y que cuentan con el respaldo de miles de familias.
Se ha hablado incluso del coste político de revisar los conciertos educativos. Cuando una decisión tiene coste político es porque afecta a miles de familias reales. No es un gesto heroico. Es una medida que genera rechazo social porque altera decisiones legítimas ya tomadas. Gobernar no es imponer una visión ideológica desconectada de la realidad social. Es representar a todos.
En Sant Cugat no sobran modelos educativos. Lo que falta es más responsabilidad institucional, más inversión y más planificación a largo plazo. Defender la escuela pública no exige debilitar la libertad. La educación no se fortalece cerrando opciones, sino elevando el nivel de todas.
Nosotros vamos a estar siempre, sin ambigüedades, al lado de todas las familias de Sant Cugat. De las que eligen pública, de las que eligen concertada y de las que eligen privada. Porque la pluralidad no es el problema. Es parte de la solución.
