Pertenezco a una generación a la que siempre le dijeron que el esfuerzo tendría recompensa. Que si estudiábamos, trabajábamos y hacíamos las cosas bien, podríamos construir nuestro propio proyecto de vida.
No pedimos nada extraordinario: simplemente aspiramos a lo mismo que tuvieron nuestros padres, la posibilidad de independizarnos y acceder a una vivienda digna. Hoy, en Cataluña y en el conjunto de España, esa expectativa se ha convertido en una excepción.
La realidad es que los jóvenes estamos siendo expulsados del mercado de la vivienda. No es una percepción, es un hecho. Cada vez compramos menos, cada vez nos emancipamos más tarde y cada vez dependemos más de nuestras familias. En 2025, por ejemplo, apenas uno de cada diez compradores de vivienda en España tenía menos de 30 años. Esto significa que la gran mayoría de jóvenes ha quedado fuera de la posibilidad de acceder a una vivienda en propiedad, no por falta de ganas, sino por falta de oportunidades reales.
Mientras tanto, el alquiler, que durante años se presentó como la solución natural, se ha convertido en otra barrera. En muchas zonas de Cataluña, especialmente en el entorno de Barcelona, los precios superan con facilidad los mil euros mensuales. Para un joven con un salario medio o incluso por encima de la media, eso implica destinar gran parte de sus ingresos. No hay margen para ahorrar ni para avanzar.
Este problema se ejemplifica con especial claridad en ciudades como la nuestra, Sant Cugat del Vallès. Muchos jóvenes hemos crecido aquí, con la idea de poder desarrollar nuestro futuro en el mismo entorno. Sin embargo, la realidad es que Sant Cugat se ha convertido en un lugar prácticamente inaccesible. Los precios de compra están entre los más altos de Cataluña y el alquiler se sitúa muy por encima de lo que puede asumir un joven. El resultado es evidente: quienes queremos construir nuestro futuro aquí no podemos, y quienes se van lo hacen obligados, no por elección.
Esto tiene grandes consecuencias. No hablamos solo de números, hablamos de vidas. De proyectos que se retrasan, de decisiones que se aplazan y de una sensación creciente de frustración. Cada vez más jóvenes siguen viviendo con sus padres no porque quieran, sino porque no tienen alternativa. Otros comparten piso durante años en condiciones que poco tienen que ver con la estabilidad. Y cada vez más jóvenes cualificados acaban marchándose al extranjero. Estamos perdiendo talento, formación y futuro, no por decisión propia, sino por falta de alternativas.
Esta situación no es inevitable. Es el resultado de años de políticas irresponsables impulsadas por la izquierda que han fracasado en su diagnóstico y en sus soluciones. Se ha apostado por intervenir el mercado desde el prejuicio ideológico, en lugar de entender cómo funciona realmente. Los topes al alquiler son el ejemplo más evidente: una medida vendida como protección al inquilino que, en la práctica, ha reducido la oferta y ha generado inseguridad jurídica. Cuando se gobierna contra la lógica económica, el resultado siempre es el mismo: menos oferta y más exclusión.
A esto se suma un relato político que ha convertido a propietarios en enemigos públicos. La izquierda ha preferido señalar culpables antes que asumir responsabilidades, alimentando un clima de confrontación que solo ha servido para retraer la inversión y frenar la creación de nuevas viviendas. Sin propietarios no hay alquiler, y sin inversión no hay oferta. Ignorar esta realidad no la corrige, la agrava.
Y mientras tanto, se recurre a medidas superficiales pensadas más para el titular que para solucionar el problema. El llamado “bono joven” es el mejor ejemplo: una política que pretende dar respuesta a una crisis estructural con ayudas puntuales que, parecen más un intento de comprar el silencio de nuestra generación que de resolver sus problemas reales. En el fondo, transmite una idea preocupante: que se puede sustituir una reforma profunda por una subvención temporal. Pero la realidad es otra. No se puede tapar un problema estructural de acceso con una ayuda limitada, ni construir un futuro sólido sobre políticas que no atacan la raíz del problema.
El problema de la vivienda no se soluciona con cheques. Se soluciona construyendo más viviendas.
Porque esa es la raíz de todo: en España faltan viviendas. Durante años se ha construido por debajo de las necesidades reales, mientras la demanda no ha dejado de crecer. A esto se suma una burocracia lenta, compleja y muchas veces paralizante, especialmente en Cataluña, que dificulta cualquier intento de ampliar la oferta.
Frente a este modelo, hace falta un cambio de enfoque urgente. Apostar por aumentar la oferta de vivienda como eje central. Facilitar la construcción, liberar suelo y simplificar el aparato burocrático para que desarrollar nuevos proyectos deje de ser una carrera de obstáculos.
La colaboración entre el sector público y el privado debe dejar de verse como un problema y empezar a entenderse como una solución. Ninguna administración puede, por sí sola, construir todas las viviendas necesarias. Necesitamos sumar capacidades, no enfrentarlas.
En paralelo, hay que abordar la fiscalidad. Para muchos jóvenes, el principal obstáculo no es pagar una hipoteca o un alquiler, sino poder dar el primer paso. Reducir impuestos y facilitar el acceso inicial puede marcar una diferencia real.
Pero más allá de las políticas concretas, hay algo que no podemos aceptar: la resignación. Durante demasiado tiempo se ha instalado la idea de que los jóvenes debemos conformarnos con vivir peor que nuestros padres, con retrasar nuestra emancipación o con renunciar a tener una vivienda en propiedad. No es verdad. No es inevitable. Y no es justo.
La vivienda se ha convertido en el principal reto generacional. No es únicamente una cuestión económica, es una cuestión de dignidad y de futuro. Porque cuando una generación no puede emanciparse, no es solo su futuro el que está en juego: es el de todo el país.
