Hay determinados servicios públicos que definen la calidad humana de una ciudad. Los servicios sociales son uno de ellos. No son un trámite administrativo más ni una estructura secundaria dentro del Ayuntamiento; son un servicio esencial por ley y, para muchas personas, el último apoyo cuando todo lo demás falla.
Detrás de cada intervención hay situaciones personales complejas: personas mayores que viven solas, familias que no llegan a final de mes, menores en situación de vulnerabilidad, personas con discapacidad o dependencia o vecinos que atraviesan una emergencia habitacional y necesitan ayuda inmediata.
Por eso preocupa profundamente la situación que atraviesan actualmente los servicios sociales de Sant Cugat. Y preocupa todavía más porque no estamos ante un problema puntual ni reciente. Las carencias estructurales se arrastran desde 2018 y, pese al paso de los años y a los cambios de prioridades políticas anunciados por el gobierno municipal, la situación no solo no se ha resuelto, sino que se ha ido agravando desde 2019 bajo el gobierno de ERC-PSC-CUP y, desde 2023, bajo el gobierno compartido de ERC y Junts.
Actualmente faltan 17 profesionales entre bajas y vacantes sin cubrir, una cifra que sitúa al servicio funcionando prácticamente al 50% de su capacidad real. Puede parecer un dato técnico, pero sus consecuencias son muy concretas y afectan directamente tanto a los trabajadores como a los vecinos que dependen de este servicio. Menos profesionales implican más carga de trabajo, más saturación, más demora en la atención y menos capacidad de seguimiento y acompañamiento. Y en servicios sociales, llegar tarde nunca es una cuestión menor.
A menudo se habla de los servicios sociales únicamente desde la gestión administrativa, pero conviene recordar que detrás de cada expediente hay personas. Hay profesionales que acompañan situaciones de soledad no deseada, que detectan casos de vulnerabilidad infantil, que ayudan a familias desbordadas económicamente o que intervienen en situaciones límite antes de que se conviertan en problemas todavía mayores. Cuando un servicio así funciona al límite durante demasiado tiempo, la calidad de la atención inevitablemente se resiente. Y eso acaba afectando a la cohesión social de toda la ciudad.
También resulta necesario reconocer el esfuerzo de los profesionales que sostienen el servicio. Pese a la falta de recursos y a la sobrecarga acumulada, continúan atendiendo situaciones cada vez más complejas con una enorme vocación de servicio público. Sin embargo, no es razonable que un servicio esencial dependa permanentemente del sobreesfuerzo de quienes trabajan en él. La administración tiene la obligación de garantizar unas condiciones adecuadas, tanto para los trabajadores como para los usuarios. Y hoy existen deficiencias evidentes: falta de personal, espacios insuficientes y problemas de seguridad que no están a la altura de la atención que merecen los vecinos de Sant Cugat ni de las condiciones laborales que deberían tener los profesionales.
Además, el escenario que tenemos por delante hace todavía más urgente actuar. Las medidas de regularización de personas inmigrantes impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez previsiblemente incrementarán la demanda de atención en los servicios sociales municipales. A ello se suma un contexto de creciente incertidumbre económica y geopolítica que puede aumentar las situaciones de vulnerabilidad social en los próximos años. Ante esta realidad, la respuesta no puede ser la improvisación. Lo responsable es anticiparse, planificar y dotar presupuestariamente los servicios públicos esenciales para evitar que lleguen al colapso.
Precisamente ahí es donde debería centrarse el debate político. No en los titulares ni en los discursos, sino en la capacidad de gestión y previsión. Porque gobernar también significa priorizar. Y cuando un Ayuntamiento permite que un servicio esencial funcione durante años bajo mínimos, lo que demuestra es que no ha situado esa prioridad donde correspondía. Afortunadamente, todavía estamos a tiempo de corregir esta situación. Sant Cugat es una ciudad con recursos, con profesionales preparados y con capacidad suficiente para ofrecer unos servicios sociales de calidad. Pero para conseguirlo hace falta voluntad política, planificación y decisiones concretas: cubrir de manera inmediata las vacantes y bajas, reforzar los equipos técnicos y administrativos, mejorar las infraestructuras y adaptar el servicio al incremento de demanda que previsiblemente llegará en los próximos años.
Porque gobernar también consiste en saber distinguir qué es verdaderamente importante y qué es accesorio. Y mientras demasiadas veces el debate político se pierde en cuestiones superficiales o ideológicas, hay servicios esenciales que esperan soluciones reales. Cuidar de quienes cuidan de nuestros vecinos debería estar siempre entre las prioridades de cualquier gobierno responsable. Porque una ciudad no se define por los discursos que hace, sino por la manera en que responde cuando sus ciudadanos más la necesitan.
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